Una realidad que aborda la La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, en una tertulia con socorristas y especialistas que urgen a actuar desde distintos frentes ya que, lamentan, “no ha concluido el año y ya tenemos las mismas muertes que en 2024”.

Canarias es la segunda comunidad autónoma con más fallecidos por ahogamiento, solo por detrás de Andalucía. Un dato alarmante que, además, no se concentra en la temporada estival. “Más de la mitad de las personas que se ahogan lo hacen fuera del verano”, advirtió Edu Blasco, buzo y nadador de rescate, desmontando el argumento de que se trata de un problema estacional.

Blasco también destacó el riesgo real que asume la población local que “ha perdido el miedo al mar”.

Recordó que “tres de cada diez personas que se ahogan son locales” y argumentando que “es más probable morir siendo canario en el mar que siendo turista”.

Sin embargo, destacó, el problema está en la percepción social del riesgo. “La sobre confianza y la falta de conocimiento hace que los medios de comunicación, la administración y la propia población vivan sin ningún tipo de miedo a morir ahogado”.

Rubén Samblás, socorrista de La Oliva, fue especialmente crítico con la respuesta institucional. “Hay una falta de compromiso institucional claro y poca voluntad política de arreglar este problema”, denunció. Recordó que Canarias tiene “una temporalidad anual”, vive del mar y del turismo todo el año y, sin embargo, “no tenemos un cuerpo profesional de socorristas”, equiparable a otros servicios esenciales. “Tenemos policías, bomberos y hasta una policía autonómica, pero no un solo cuerpo profesional de socorrismo en las costas”. Es precisamente una de las propuestas del colectivo, que pasa por la creació de un cuerpo integral de socorristas.

La falta de autoridad del colectivo es otro de los grandes déficits. Sebastián Veiga, socorrista de Puerto del Rosario, explicó que su función es preventiva y reactiva, pero no coercitiva. “Nosotros no somos autoridad. Podemos aconsejar, pero no obligar”, señaló, reclamando mayor presencia policial en puntos de alto riesgo o puntos negros, equiparando el peligro a los asociados con la carretera y sobre los que la Dirección General de Tráfico llama a extremar precauciones.

Durante la tertulia se insistió, además, en que la prevención actual es insuficiente. Veiga propuso campañas más directas y tecnológicas: mensajes de alerta a los móviles de los turistas, información clara en aeropuertos y hoteles y avisos específicos según la isla. “Esto no es el mar Mediterráneo, esto es el océano Atlántico”, recalcaron los salvavidas, subrayando que muchos visitantes desconocen la peligrosidad real del litoral canario. Blasco fue más allá al plantear campañas “agresivas”, como las impulsadas por la DGT que “generan un alto impacto emocional”.

Fabio Lucarelli, socorrista en La Oliva, añadió que también falta ofrecer alternativas seguras. “A la gente hay que darle un plan B”, explicó, recordando que muchos visitantes acuden a piscinas naturales guiados por imágenes en redes sociales o Google Maps, sin conocer o entender el riesgo que entrañan determinadas mareas o corrientes.

Demandas claras y urgentes

Más allá del diagnóstico, los profesionales pusieron sobre la mesa una batería de demandas concretas. La primera, la dignificación laboral. Lucarelli fue claro: muchos socorristas cobran “el salario mínimo interprofesional” y están sujetos a “un convenio de instalaciones deportivas y gimnasios que no nos representa”. “Trabajamos en playa, nos jugamos la vida y cobramos menos que en otros sectores del mismo municipio”, lamentó.

Otra demanda clave es el refuerzo de plantillas. En playas extensas y con visibilidad limitada, “incluso con la plantilla completa el servicio es insuficiente”. Lucarelli reveló que en La Oliva “solo unos diez días en dos años” ha coincidido todo el personal previsto, una situación que convierte el servicio en “ineficiente y decorativo”.

Los profesionales exigen también vigilancia todo el año, especialmente en las zonas donde históricamente se concentran los ahogamientos. “Sabemos cuáles son esos puntos y cuándo hay alerta”, explicó Blasco. “Vigilar esos lugares en momentos críticos no es cerrar las playas, es proteger la vida”.

A ello se suma la demanda de formación integral, habilitada por la administración, y el reconocimiento del socorrista como un profesional sanitario de emergencia. “No es un chaval que trabaja en verano”, insistió Blasco. “Es un profesional vocacional, entrenado y preparado, que debería trabajar todo el año y sentirse valorado”.

El argumento económico, según los ponentes, no se sostiene. “Una hora de helicóptero cuesta 3.000 euros”, recordó Blasco, frente a los menos de 20.000 euros que supone un socorrista anual. “Proteger la vida no es un gasto a debatir”.

Mejoras: convenio específico y un decreto Ley

Los socorristas anuncian que están trabajando en un convenio específico de socorrismo, de ámbito autonómico, como ya existe en Baleares o Cataluña, que garantice salarios dignos, estabilidad y reconocimiento profesional. “Si quieren que haya socorristas, las condiciones tienen que cambiar”, advirtió Lucarelli, haciendo alusión a la falta de profesionales en un sector poco atractivo; los socorristas se juegan la vida en el mar por un salario mínimo interprofesional.

En el ámbito normativo, reclamaron de forma expresa al Gobierno de Canarias la recuperación y actualización del decreto autonómico de socorrismo, el Decreto 116/2018 de 30 de Julio, que fue anulado por el Tribunal Supremo.

Sebastián Veiga recordó que esta norma obligaba a los municipios, incluidos los de menos de 20.000 habitantes, a garantizar vigilancia en las zonas de baño. “Ese decreto se quedó en el olvido”, lamentó, subrayando que mientras no exista un marco legal claro “seguimos dependiendo de la voluntad política de cada ayuntamiento”.

Desde el colectivo consideran imprescindible que el Ejecutivo regional impulse un nuevo decreto que fije criterios homogéneos, refuerce la prevención durante todo el año y deje de tratar el socorrismo “como un gasto incómodo”.

 Una regulación autonómica, defendieron, permitiría acabar con los parches y dar cobertura legal a un servicio esencial en este territorio, concluyeron.

Los incendios forestales que arrasaron este verano más de 400.000 hectáreas en la península, con 8 personas fallecidas y miles evacuadas, han puesto de manifiesto la principal debilidad del sistema de emergencias en España: la falta de decisión política para activar los protocolos.

Así lo subrayaron el jefe insular de Seguridad y Emergencias, Fran Torres, el inspector jefe de la Policía Local de Puerto del Rosario, Pedro Gordillo, y el socorrista Yamil Castañeyra  en una tertulia en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular. También coincidieron en señalar que Fuerteventura ha mejorada notablemente su capacidad de respuesta ante las emergencias aunque sigue habiendo carencias, sobre todo, en cuanto a la falta de recursos humanos.

Fran Torres, jefe insular de Seguridad y Emergencias, advirtió con contundencia que el sistema , para responder a la emergencia y para responder al ciudadano, no está funcionando. El problema surge, insistió, en la “toma de decisiones”.

Recordó que todos los planes de emergencia tienen una dirección técnica, pero la “última responsabilidad es política”.

Pedro Gordillo, inspector jefe de la Policía Local de Puerto del Rosario, insistió en que en una situación de emergencia el tiempo juega en contra y “hay que tomar decisiones desde el principio”.

Jugarse la vida para atender a la ciudadanía

En este sentido relató la experiencia vivida hace dos décadas con el tema de la tormenta tropical Delta cuando “volaban los contenedores, volaban los techos y salíamos a la calle para atender a las llamadas de los vecinos”. Fuimos unos temerarios, reconoció, pero se salvaron vidas. Una actuación no exenta de riesgo, “eres consciente de que te juegas la vida, pero puede más el deber en ese momento”, recalcó.  

El socorrista Yamil Castañeyra puso el acento en la falta de práctica en los protocolos de actuación, lo que resta eficacia cuando llega la emergencia. “Yo haría más hincapié en practicar los protocolos de actuación, porque si se tienen claro, pero si no se practican, yo creo que se puede perder eficacia”, advirtió.

En línea crítica, también denunció la situación de la mayoría de los socorristas que prestan servicio dependiendo de empresas adjudicatarias del servicio y reclamó que los socorristas “deberían ser públicos también”. Una propuesta que abre un debate necesario, coincidieron en señalar Torres y Gordillo, sin manifestar su postura al respecto pero defendiendo la necesidad de mejora sus condiciones laborales para ofrecer un servicio de calidad.

El debate también apuntó a la falta de planificación a largo plazo y a la resistencia política para afrontar medidas impopulares. “Es muy complejo transmitirle a un político que tiene una legislatura de cuatro años que tiene que tomar medidas ahora para algo que va a ocurrir dentro de ocho”, lamentó Torres, señalando el mapa de zonas inundables de Fuerteventura, en un horizonte de cien años, y recordando que zonas estratégicas como el aeropuerto o el Palacio de Congresos se encuentran incluidas.

Emergencias en Fuerteventura: un antes y un después

A pesar de las carencias, lo cierto es que, según destacaron los profesionales, en Fuerteventura hay "un antes y un después" ya que la mejora ha sido notable en los últimos años.

En este sentido señalaron el esfuerzo del ayuntamiento de La Oliva que ha sido el primer ayuntamiento de la isla que ha aprobado su plan de emergencias municipal, mientras que Puerto del Rosario ya ha presentado alegaciones y Pájara ha contratado la redacción de su plan de emergencias municipales. Esta misma semana, el Cabildo de Fuerteventura adjudicaba la redacción de los Planes de Emergencia Municipal (PEMU) de Antigua, Tuineje y Betancuria.

Estos documentos son claves porque, como recordó el jefe insular, “lo que hacen es una radiografía del término municipal indicando cuáles son los riesgos fundamentales a los que se enfrenta el municipio, cuál es su estructura organizativa, quién manda y con qué medios contamos”.

Entre las mejoras, Torres también valoró positivamente la profesionalización de los servicios y recalcó que “hoy en día tenemos un cuerpo de bomberos profesionales, chicos preparados, informados y que están ahí a disposición para cualquier tipo de emergencia”. Habría que recuperar, sin embargo, la fuerza del voluntariado que se ha perdido desde el Covid, señaló.

Para finalizar, los profesionales instaron a los responsables públicos a apostar por este servicio público y pidieron a la ciudadanía “más civismo” al tiempo que recordaron que la primera respuesta a la emergencia empieza por la autoprotección.

"Ya nos hemos acostumbrado a que la Guardia Civil entre cada tanto en los ayuntamientos", lamentó Mónica Quintero, apuntando a la normalización de unos hechos que debieran ser excepcionales. Se investiga un total de 36 contratos  con un valor que supera el millón de euros en dinero público.

Los periodistas coincidieron en señalar que han echado de menos una comparecencia sobre este asunto del alcalde, David de Vera, como hoy mismo ha exigido el Partido Popular en un comunicado en el que se destaca que el regidor "ha tenido tiempo suficiente", después de haber transcurrido más de una semana de los hechos. También apuntaron a que, ante determinadas formas de proceder que se estaba llevando a cabo en la corporación,  fue el propio primer edil quien encargó una auditoría externa, nada más acceder al cargo. 

También criticaron la intervención en redes sociales de la edil Peña Armas, detenida en el transcurso de la operación donde agentes de la UDEF requisaron información sobre los expedientes y puesta en libertad pocas horas después. Un canal de expresión, no oficial, después de que su formación Fuerteventura Avanza ya hubiera lanzado un comunicado a través de los medios. 

Por su parte, Susana Pinto, de Vecinos, apuntó que “hay mucha rumorología, pero poca claridad. La ciudadanía merece saber qué pasó”. En este punto, Brito instó a investigar los contratos de la legislatura anterior, "pero también lo que venía desde mucho antes”.

Más allá del caso Odín, los periodistas debatieron sobre el crecimiento poblacional desbordado, especialmente en Corralejo, donde “no hay dónde aparcar ni vivir” y alertaron del desequilibrio en la redistribución de la población en la isla y del colapso de servicios públicos.

El análisis concluyó con una fuerte crítica a la precariedad del periodismo, la falta de reconocimiento profesional y los casos recientes de titulaciones falsas y demandas de los profesionales que apuntan a la necesidad de unas mínimas exigencias, una licenciatura o grado en este ámbito, para dirigir, sobre todo, medios de comunicación públicos. 

Haciendo balance en el ecuador de legislatura, los participantes señalaron que en estos dos años se ha conseguido estabilidad en las instituciones majoreras pero también advirtieron a la clase política, en general, que la ciudadanía está harta de "acción, reacción y tú más". 

No votan, pero toman decisiones. No tienen edad para cargos públicos, pero ya piensan en gobernar con justicia, inclusión y participación. Así lo demuestran algunos de los integrantes del Consejo de Infancia y Adolescencia (CAI) de Puerto del Rosario, una de las primeras “Ciudades Amigas de la Infancia” reconocidas por UNICEF en Canarias, en una tertulia en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular.

Este grupo de niños, niñas y adolescentes está empujando para transformar el municipio majorero con propuestas reales, iniciativas solidarias y una implicación ejemplar. El objetivo es que Puerto del Rosario sea un mejor lugar para vivir. 

“Una ciudad amiga de la infancia lo que persigue es que los niños, niñas y adolescentes puedan participar y decidir lo que ocurre en su municipio”, explicó César González, principal responsable del proyecto que se puso en marcha en 2014. En este tiempo "se ha ido ajustando y mejorando" reconoce y ahora "aunque no pueden votar, su voz ya pesa en las decisiones municipales".

Una de las últimas acciones que impulsa el CAI es el reto solidario para recaudar 4.000 euros a favor de la investigación contra el cáncer.

“Si cada uno de los 40.000 habitantes de Puerto del Rosario donara solo 10 céntimos, lograríamos el objetivo”, explicaron desde el CAI en una acción en la que colaboran con la Asociación Española Contra el Cáncer. 

La colaboración con el CAI se podrá materializar a través de MI Hucha, código QR y Bizum

Mi hucha contra el cáncer 

Primer Espacio libre de Humo

Los jóvenes del CAI también impulsaron la creación del primer espacio hospitalario libre de humo en el Hospital Virgen de la Peña. “Imagínate que hay un asmático como yo y empieza a fumar uno, de repente se puede asfixiar. Los médicos están ocupados. ¿Qué hacemos nosotros?”, reflexionó Cathaysa, de 11 años, con contundencia.

Su compañera Holly también lanzó una denuncia sobre la normalización del vapeo entre menores. “Hay chicos en primaria que reparten vapers en la rotonda de mi cole. ¿Cuál es la razón para esto?”, cuestionó indignada.

Las acciones del CAI nacen de un proceso democrático real. Participan en la celebración de dos plenos anuales en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y gestionan presupuestos participativos.

Unos presupuestos participativos

En 2024 han manejado 55.000 euros, parte de los más de 200.000 invertidos desde 2019.

Gracias a esa gestión, y en el marco de las jornadas participativas, surgió, por ejemplo, el campamento de verano para niños con diversidad funcional que se acaba de poner en marcha en el municipio hace una semana, por primera vez.  “Fue impresionante ver que una propuesta hecha en papel se convierte en realidad”, dijo Erick, uno de los adolescentes participantes.

También en este contexto se ha promovido con gran éxito el “Rebotallo Mix”, pensado para ofrecer alternativas de ocio formativo, creativo y saludable. “Lo viví bastante divertido. Aprendí a tatuar, hice yoga y hasta me maquillaron una flor en el hombro”, contó Cathaysa entre risas.

Además, han elaborado un libro con ilustraciones llamado “Ahora sí me gustan las calabazas”, que recoge de forma amigable el segundo plan municipal de infancia y adolescencia, distribuido en los centros educativos y accesible desde la web municipal para visibilizar, de forma atractiva, la labor que se está desarrollando.

En este contexto, invitan a participar al alumnado de los centros escolares a través del “Buzón CAI”, instalado en los colegios para que cualquier niño o niña pueda expresar propuestas, preocupaciones o ideas. “Si veo que hay una farola rota, lo escribo y lo pongo en el buzón del cole”, explicó Holly, evidenciando que la visión crítica y la acción pueden contribuir a mejorar el entorno. 

Si yo fuera alcalde/sa

La inclusión, la sostenibilidad, la salud y el derecho a la participación son ejes fundamentales del trabajo del CAI. “Si yo fuera alcaldesa, escucharía a los niños, haría actividades todos los sábados para ellos y también pensaría en los mayores con sesiones de yoga o cocina”, aseguró Cathaysa con convicción.

Erick, por su parte, lo tiene claro: “Implementaría reformas más democráticas para que se escuche más a jóvenes y adultos por igual”. Holly se dirigió a las familias para instar a "prestar más atención a vuestros hijos" y, también, "dejen a sus hijos tomar más decisiones". Asier, por su parte, reconoció no sentirse nada atraído por ser alcalde de su municipio pero sí reclamó, al igual que el resto: "más árboles".

Las personas integrantes del CAI reivindican: "Queremos vivir en una ciudad que nos guste, con parques, actividades y respeto. Escúchenos”.

En apenas ocho años, Fuerteventura ha plantado casi 30 hectáreas de viñedo, recuperando una tradición que nunca desapareció. “Nunca ha muerto del todo, porque siempre ha habido alguien en los pueblos que ha hecho su vinito y ha mantenido la viña”, recordaba Pedro Martín, viticultor y propietario de Bodegas Conatus, en la tertulia de La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular.

Fue el enólogo Alberto González quien empezó dando cursos, y a partir de ahí comenzó “la fiebre en Fuerteventura”, destacaba el bodeguero, recordando también a productores como Antonio Sánchez o Andrés Chocho.

Hoy, la isla cuenta con casi un centenar de productores y alguna productora, que están devolviendo a la isla su antiguo esplendor vitivinícola. Y es que, como apuntó la técnico en elaboración de vinos, Tanaira Rodríguez, Fuerteventura tiene datos históricos del cultivo del viñedo. Llegó a tener una de las superficies mayores de cultivo de viña de Canarias, llegó a tener más viñedo que Lanzarote, o sea que fue una potencia vitícola en el archipiélago”, subrayó.

De momento, son pocas las mujeres que están apostando por recuperar las gavias de sus antepasados. Uno de esos casos es el de Almudena Montserrat, creadora del vino Aires de Tefía, que ha devuelto el cultivo a la finca de sus abuelos. “Solo me quedaban dos parras... y empecé a recuperar e ir plantando”, explicó.

Su proyecto, aunque más artesanal que el de Pedro con Conatus, forma parte de una tendencia creciente que combina pasión, sostenibilidad y conexión con la tierra.

Cada cual a su manera en el marco de la asociación El Majuelo donde “vemos muchísima variedad, y donde compartimos, sobre todo, ilusión”.

La entidad juega un papel fundamental como punto de encuentro entre viticultores de toda la isla. “Desde el primer momento que se pensó en recuperar el viñedo, nació la asociación. Ha ido acompañando a los productores durante todo el camino”, destacó Rodríguez, también ingeniero agrícola, sumiller, maestra de almazara y asesora de la organización, poniendo de relieve “la importancia de compartir conocimiento, formación y experiencias”.

Entre los retos más destacados en Fuerteventura, el principal es la falta de agua. “Si hubiera agua suficiente, la isla crecería mucho más en viñas”, subrayó Martín. “El agua es el hándicap más importante. Asegurar la supervivencia del viñedo y las nuevas plantaciones es clave”, insistió Tanaira sumándose al colectivo en una demanda a las autoridades para que, tal y como están desarrollando el CAAF y Seiasa en el sur para beneficiar a cerca de 300 regantes, en el norte también se apueste por una red de regadío con agua agrícola. “Si esperamos tanto tiempo como hemos esperado para empezar este, va a ser terrible”, advirtió Pedro urgiendo a acelerar el procedimiento.

Durante la tertulia también se abordó la importancia de la Denominación de Origen Islas Canarias. Fue la Bodega Conatus la primera en Fuerteventura en adherirse al distintivo pero ya hay otras tres bodegas más que han seguido el camino.

Ahora, la idea es seguir potenciando el sector y mirar hacia una Denominación de Origen insular. “Si lográramos que hubiéramos diez dentro de la DO Islas Canarias, sería un paso para tener una DO Fuerteventura, que yo creo que es fundamental”, afirmó Pedro.

Uva majorero, única en el mundo

Una baza potente para ello es la “majorera”, una variedad de uva única en el mundo, ya confirmada como autóctona y actualmente en fase de estudio. “Contar hoy con una variedad que no se había descubierto antes y que se mantuvo conservada como un tesoro oculto en un barranco, es porque realmente tenía una importancia”, explicó Tanaira. Su valor diferencial podría ser la llave para lograr el reconocimiento oficial del vino majorero como producto con identidad propia.

Mientras tanto, los bodegueros apuestan por el enoturismo como vía de crecimiento económico en una Isla donde producir resulta muy caro y las botellas aunque se venden a buen precio no dejan márgenes de beneficio apenas.

Por eso, Pedro Martín lo tiene claro: “No se trata solo de vender vino, sino de ofrecer una experiencia vinculada al territorio”. Su bodega ofrece visitas guiadas, catas y próximamente eventos culturales y gastronómicos. “Lo que hacemos es enseñarles la viña, contarles cómo se hacía antiguamente, y que vivan una experiencia única con nuestros productos”, detalló.

Ese tipo de iniciativas responden también a una necesidad de cambio en el modelo turístico. “El proyecto de Fuerteventura debería ser recuperar el buen cliente que empezó a venir a la isla, con más educación, más cultura y más respeto”, reclamó Pedro. En esta línea, Rodríguez recalcó que “vincular una botella de vino con una experiencia, con un territorio, fideliza al visitante y fomenta un turismo responsable”.

Almudena Montserrat, por su parte, apuesta por un modelo de turismo auténtico, vinculado al territorio. “Lo ideal, hazte un tour por Fuerteventura, conoce Fuerteventura, bebe vino en Fuerteventura”, afirmó.

Desde su finca en Tefía, donde combina alojamiento rural con catas al atardecer, defiende que el vino debe disfrutarse “en su territorio”, como parte de una experiencia que conecte al visitante con la tierra, los sabores y la identidad majorera.

Este año, la cosecha no será abundante, pero se confía en ganar en calidad.  “Lo más importante es que vamos a tener vino de Fuerteventura para brindar”, concluyeron con entusiasmo invitando a la ciudadanía a conocer los caldos de la isla, las bodegas y ¿por qué no?, plantar alguna viña si se tercia.

Se han contabilizado 27 muertes  por ahogamiento en lo que va de año en Canarias; entre ellas tres menores de edad que han perdido la vida en apenas cinco meses. Cifras récord que incrementan con la subida registrada en la llegada de turistas a las Islas y a las que únicamente se puede hacer frente con más inversión en infraestructuras y personal.

“No se bañen en las playas donde no hay guardavidas”. Es el mensaje de advertencia que lanzaba este viernes, en la mesa de tertulia de La Voz de Fuerteventura -en Radio Insular-, el presidente de la asociación Canarias 1.500 kilómetros de costa, Sebastián Quintana. Y es que se están batiendo récords de fallecidos en las playas del archipiélago donde, en lo que va de año, han perdido la vida por ahogamiento 27 personas. Entre ellas, apuntó, tres menores de edad; “un balance que no se veía en los últimos diez años, en apenas cinco meses”, alertó.

Con el incremento en la llegada de turistas, suben también las cifras de fallecidos, no en vano, “siete de cada diez personas que mueren ahogadas en nuestras playas, son turistas”, destacó Quintana.

A pesar de los datos, lo cierto es que la inversión en seguridad no ha crecido. En 2018, tras desvelar la asociación que en Canarias mueren en torno a 80 personas ahogadas al año, recordó, se aprobaba un decreto de seguridad y salvamento que dibujaba un mapa de “todos los medios técnicos, materiales y humanos para que todas las playas, todos los puntos de costa donde hay un mínimo de usuarios todos los años, tengan un plan de seguridad y salvamiento”.

Los ayuntamientos canarios no estuvieron de acuerdo, llevaron el asunto a los juzgados y el Tribunal Supremo dictó sentencia eximiendo a municipios de menos de 20.000 habitantes. Algo ridículo, señaló Quintana, teniendo en cuenta, por ejemplo, que La Oliva o Pájara, son municipios donde se registran más muertes. Municipios de menos de 20.000 habitantes pero con una población flotante, de turistas, que no se contemplan, lamentó.

Durante la tertulia, también se instó a la aprobación de un convenio marco estatal para regular la labor del socorrista, definiendo responsabilidades, horarios de descanso y formación. “Necesitamos un convenio que regule nuestra responsabilidad, la peligrosidad y los horarios de patrulla y descanso. Hoy tenemos hasta ocho horas sin pausas, y eso compromete la seguridad” reclamó Jonatan Duarte, aludiendo a la precariedad laboral.

2x1 Nadadores de rescate y agentes sanitarios

“Somos nadadores de rescate y agentes sanitarios; arriesgamos nuestras vidas todos los días y cobramos salario mínimo interprofesional” afirmaron, resaltando la urgencia de establecer un plus salarial que reconozca la peligrosidad de la profesión que debiera contemplarse en las nuevas licitaciones como en la que trabaja el Ayuntamiento capitalino.  “El guardavidas a día de hoy es un profesional que vive y tiene una existencia laboral indigna”, subrayó Santana.

El presidente de la asociación Canarias 1.500 km de costa destacó “condiciones salariales absolutamente abusivas. Y eso tiene que cambiar, son gente joven que se están jugando la vida por salvar la nuestra. Y ahí hay una gran cuenta pendiente para que las autoridades se están licitando concursos para garantizar los concursos para la seguridad de las playas, se licitan a la baja y las empresas cuanto más barato le cueste a la institución pública, luego eso va a redundar en la calidad”, lamentó.

Puerto Lajas y Los Molinos, sin servicio

Los socorristas, además, destacaron la situación de las playas de Puerto del Rosario donde hay socorristas en cuatro playas, únicamente en la época estival. El resto del año, apenas quedan tres que dan cobertura únicamente a la urbana playa de Los Pozos. Los profesionales, además, denunciaron el cierre de Puerto Lajas estos días por falta de instalaciones básicas como baños. Un arenal con bandera azul donde se están realizado labores para solucionar el problema. Tampoco hay instalaciones para ofrecer el servicio en Los Molinos.

“La situación es de carencia y es lamentable. Estamos a falta de recursos, tanto materiales como de instalaciones”, recalcaron, instando a garantizar la presencia de socorristas en estos arenales a lo largo de todo el año.

En esta línea, insistieron en  el peligro que suponen las corrientes en Playa Blanca, en Los Molinos “adonde acuden miles de personas para visitar las cuevas”, y, también en la playa de El Jarugo, insistieron.

Los socorristas piden que les rescaten

Para concluir, Sebastián Veiga pide a la ciudadanía, a las autoridades, “que nos rescaten”. Es el momento “que tienen que entrar ellos al agua por nosotros”. Yamil Castañeyra urge a hacer cambios para poder dar un servicio de calidad. “Tenemos los recursos humanos para darlo. Ahora solo necesitamos un poquito de ayuda por parte de ellos”. Jordi Martín, por su parte, instó a reconocer el socorrismo como una inversión, como un servicio esencial en seguridad pública y recalcó, “no somos un gasto, somos una inversión”.

Para concluir, Duarte se dirigió al sector del socorrismo “para que nos organicemos y no nos quedemos callados”. También hizo alusión a los organismos públicos para hacer inversión en socorrismo y prevención, recordando que “somos agentes de prevención, agentes de salud, que somos una herramienta esencial hoy en día en Canarias”. Sin olvidar que los ahogamientos son la primera causa de muerte por accidente en Canarias.

Además, invitó a la ciudadanía a pedir servicio de seguridad en las playas, “para que podamos cuidarlos todo el año”. Y, por último, a las empresas, “que tengan voluntad, a las patronales a juntarse con los trabajadores para hablar sobre un convenio”. Un convenio estatal para regular la responsabilidad de los guardavidas hacia el cuidado de las personas en las playas, la peligrosidad, además de las jornadas laborales y los descansos.

El Castillo es un destino seguro pero existe una “microdelincuencia” que hay que atajar y que está haciendo mella entre los residentes de la localidad turística.

En una tertulia en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, se abordó el último Balance de Criminalidad, publicado por el Ministerio del Interior que constata el incremento, en un 19,6%, de los delitos en la Isla.

Eduard Van der Veen, presidente de la Asociación de Empresarios del Castillo, fue tajante al analizar los datos y recalcó que, hace unos meses, “cuando dijimos: El Castillo agoniza, se rieron de nosotros. Hoy nadie lo niega”.

Según Van der Veen, el principal problema es la negación de las autoridades locales, y sin reconocimiento de la situación no puede haber solución. “Nuestro alcalde y nuestro jefe de policía dicen que no hay problema”, lamentó.

En el sector del taxi, los profesionales dan cuenta de cómo viven, sobre todo cuando se cumple la medianoche.  “A partir de las doce de la noche, El Castillo se convierte en tierra de nadie”, advirtió Francesco Pedroni. “Cada día hay peleas, gente ofreciendo drogas. Nosotros, los taxistas, tenemos miedo”, confesó.

Esta sensación ha hecho mella entre los conductores, que se sienten desprotegidos y poco escuchados por las autoridades. “Nos lanzan piedras, nos amenazan… y nadie hace nada”, lamentó.

Toño Fránquiz, presidente de la asociación mayoritaria de taxistas de Antigua, destaca, además,  que la situación está afectando también a algunas taxistas que antes trabajaban de noche y decidieron renunciar.

Por su parte, Alberto Sarmiento, presidente de la Asociación de Vecinos de El Castillo, insiste en señalar que “la delincuencia actúa a sus anchas porque no hay vigilancia.. venden drogas a plena luz del día en las entradas de los centros comerciales. Todos saben quiénes son y dónde están, y nadie hace nada”. Es como si la venta de droga se hubiera legalizado, añadió. A su juicio, faltan efectivos pero, sobre todo, “falta voluntad política”.

En 2011, Antigua contaba con 26 policías locales y ahora hay únicamente 17 en activo, cuando, por ratios, se precisarían 37 efectivos, recalcó. A pesar del déficit y de haber solicitado una reunión con el jefe de la Policía Local de Antigua, no se producirá sin que el alcalde, Matías Peña, lo autorice. “Nos parece una tomadura de pelo”, dijo.

Sobre la mesa, distintas opciones para, a través de la seguridad privada, mejorar la situación en la zona.

Néstor Sosa, jefe de seguridad de Total Security Management, explicó que la legislación permite su intervención en espacios públicos solo bajo coordinación policial. “Podemos actuar, pero necesitamos autorización previa”, señaló. En esta línea, recalcó que el sector está infrautilizado y que podría ser parte de la solución.

Por otro lado, el propio alcalde de Antigua, Matías Peña, anunció en una entrevista anterior en el mismo programa, la intención de la corporación de construir, con fondos municipales, una casa cuartel de la Guardia Civil. Pero los vecinos son escépticos. “Eso va para largo, y nosotros no tenemos tiempo. Necesitamos soluciones ya”, advirtió Van der Veen.

No esconden su malestar mientras valoran otras posibilidades como la instalación de cámaras en los taxis.

Pero, al final, lo que se precisa, concluyen, es que el Ayuntamiento escuche y que reconozca la realidad de una situación que hay que frenar.

"Esto no es turismofobia. Es amor a nuestra tierra, y, sobre todo, la necesidad de poner límites”. Así de rotunda se expresó Lola González, en representación de Fuerteventura Tiene un Límite, al inicio de la tertulia en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, donde se abordó la manifestación convocada para este domingo en Fuerteventura, que se sumará al resto de movilizaciones promovidas por Canarias Tiene un Límite en el resto del archipiélago, en siete ciudades españolas y en Berlín.

Desde el inicio, los participantes dejaron muy claro que las movilizaciones no van contra la principal industria económica en la Isla sino contra la forma en la que se está gestionando y que conlleva, junto con otros aspectos, “el colapso de las Islas”.

Las reivindicaciones son las mismas que las que motivaron, hace un año, las movilizaciones “pero ahora son con más fuerza, y un toque de atención, porque la ciudadanía lo ha aprendido, pero no la clase política”, según apuntó Fernando Roger, en representación de Intersindical Canaria. A pesar de que “iban a tomar nota, aún sigue viniendo más turismo y de peor calidad”, denunció.

Pedro Carreño, veterano activista e integrante de ACANTUR, puso el acento en la dimensión medioambiental. "Uno se pregunta: ¿qué Fuerteventura vamos a dejar a nuestros nietos? Nos la estamos cargando toda", lamentó. Carreño recordó cómo "se están construyendo hoteles en lugares donde ningún majorero construiría jamás”. Estamos apostando por un modelo que arruina nuestra esencia, nuestra idiosincrasia, subrayó.

Desde la plataforma ciudadana apuntan al Gobierno de Canarias y a las corporaciones locales e insulares como responsables de permitir esta deriva. "La clase política hace oídos sordos. Se llenan la boca de promesas mientras siguen dando licencias y permitiendo que Fuerteventura sea un paraíso para turistas y un infierno para quienes vivimos aquí", criticó Adelina Padrón, representante, también, de Fuerteventura tiene un Límite.

"Las camareras de piso van a trabajar medicadas porque no soportan la carga. Los camareros hacen diez horas diarias. Esto no es calidad, es esclavitud", recalcaron cuestionando el reparto de la riqueza que genera la industria. "No queremos ayudas de 426 euros, queremos sueldos dignos y que se generen puestos de trabajo estables", reclamaron.

Entre las demandas concretas que pondrán sobre la mesa este domingo destacan la implantación de una moratoria turística, “para hoteles y viviendas vacacionales” y la paralización de los macroproyectos como Cuna del Alma o Chira Soria. En la Isla apuntan a los hoteles de Canalbión, en Pájara, los Riu en las Dunas de Corralejo, el hotel de mil camas en Corralejo o el macro proyecto del Puerto de Corralejo, “esto hay que paralizarlo o derribar o lo que haga falta”, insistieron señalando el impacto en el territorio.

La plataforma denuncia además que la proliferación de viviendas vacacionales ha expulsado a la población local. "En La Oliva, más del 40% de las viviendas son vacacionales", subrayó Padrón.

Además, reclaman una ley de residencia. En Fuerteventura, en apenas cinco años, la población italiana ha pasado de 5.000 habitantes a 40.000, “es totalmente insostenible”, denunció, con vehemencia, Lola González.

En este punto, también demandan cambios en los requisitos para acceder a las viviendas públicas e instan a revisar los empadronamientos históricos.

La tertulia sirvió también para poner el foco en la situación de los servicios públicos, colapsados. "Aquí no hay agua para la gente, pero sí para las piscinas de los hoteles”, señalaron.

Un equipo de profesionales se une a Canarias Tiene un Límite para denunciar la corrupción 

Son reclamaciones que Canarias Tiene un Límite ya realizó hace un año y que, ahora, vuelven “con más fuerza”.

En este tiempo, más de 70 colectivos de Canarias y ciudadanía han participado en distintas mesas de trabajo para concretar más de 1.200 propuestas concretas dirigidas a revertir la situación. Iniciativas que, denuncian, la clase política no está teniendo en cuenta haciendo “oídos sordos” a las demandas de miles de ciudadanos.

Por este motivo, las acciones de la plataforma no concluirán este domingo, según anunciaron.

"La ciudadanía no solo quiere pancartas, vamos a empezar a ir a donde se deciden las cosas, a los plenos, a los despachos, a denunciar políticas corruptas", advirtió Adelina Padrón. Avanzó que se ha conformado “un equipo de abogados y técnicos top de Canarias para empezar a denunciar a políticos corruptos y proyectos ilegales".

Para concluir, los participantes en la tertulia invitaron a la ciudadanía a sumarse a las movilizaciones que tendrán lugar este domingo y que, en Fuerteventura, se iniciarán en la Calle Primero de Mayo, en los aledaños de la Dirección Insular de la Administración General del Estado.

Pedro Carreño cerró el tiempo de tertulia recordando palabras, escritas hace tiempo, y que hoy están más vigentes que nunca:

"Hagamos de esta isla un ejemplo, un ejemplo de turismo consciente, donde cada decisión tomada sea un reflejo de nuestro compromiso con el bienestar de Fuerteventura y su gente. La auténtica riqueza de nuestra isla no radica solo en su paisaje, sino en su capacidad para inspirar, conectar y, sobre todo, en su poder de trascender en el corazón de quienes la visitan y, por supuesto, de quienes aquí vivimos".

El programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, analizó este viernes el impacto de la aprobación, en el Congreso de los Diputados, de los juicios rápidos en casos de ocupación de vivienda. Una medida que todavía no está aprobada en el Senado y que no cambiará las cosas sustancialmente. Es lo que opinaron el abogado, David Casalins, el dueño de la empresa Desokupa Fuerteventura, Filiberto Escobar, el representante de la Inmobiliaria Yo Alquilo, Gorka González y Ruth González y Javier, ambos del Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura.

El escaso impacto de la medida, la falta de vivienda y la necesidad de que la administración pública actúe, fueron los únicos puntos en común entre los participantes que compartieron posturas muy divergentes y que dibujan la realidad social de la Isla.

Ruth González denunció que la crisis de vivienda es resultado de la ausencia de políticas públicas. "No tenemos vivienda pública, los salarios no alcanzan para alquilar y vivir dignamente", afirmó. Subrayó que la mayoría de ocupaciones son por necesidad, afectando principalmente a mujeres maltratadas y a familias vulnerables.  “Es muy triste vivir así, con miedo a ser desalojados”, añadió, apuntando también a los problemas de autoestima que caracterizan, señaló, a las personas que se ven en la necesidad de okupar una vivienda que no es suya. “No es fácil ser okupa”, recalcó.

En la misma línea, intervino Javier para añadir que el problema también radica en la especulación inmobiliaria. "El 60% de las compras son al contado, realizadas por fondos o grandes propietarios, mientras la vivienda social en España no llega al 2%". Criticó la falta de voluntad política para regular precios y ampliar el parque público de vivienda.

En la postura opuesta se situó Filiberto Escobar quien denunció que “el 90% de las ocupaciones que manejo no son por necesidad, es porque quieren aprovecharse”, recalcó. Para el empresario, tanto la okupación como la inquiokupación (inquilinos que tienen contrato y que dejan de pagar) en Fuerteventura se están extendiendo. “La gente se ha aprovechado y, como  ve que no tiene consecuencia penal ninguna, pues lo hacen”, lamentó.

También abordó la realidad del fenómeno migratorio y la imposibilidad de las personas migrantes de aportar a la economía mediante su trabajo accediendo al mercado laboral. No tienen papeles, no pueden trabajar y no pueden abonar el precio de la vivienda, lamentó cuestionando las leyes existentes.

Por su parte, Gorka González, de "Yo Alquilo", matizó que el fenómeno de la "inquiocupación" (inquilinos que dejan de pagar) genera reticencia entre los propietarios. Aseguró que con medidas como seguros de impago y controles previos, su agencia ha logrado reducir estos casos.

También opinó sobre una de las propuestas del Sindicato de Inquilinas dirigida a establecer límites en el precio del alquiler. A su juicio, "regular el precio de los alquileres tendría un efecto contraproducente, como hemos visto en Barcelona", añadió. González abogó por dotar de seguridad jurídica a los propietarios de vivienda para poder aumentar la oferta y contribuir a la bajada de precios.

El abogado David Casalins destacó que la reforma de juicios rápidos apenas tendrá impacto porque, entre otras cuestiones, "el 90% de los casos se consideran delitos leves y no aplican a este procedimiento". Además, subrayó la responsabilidad del Estado en generar vivienda pública y no trasladar la carga a los propietarios.  "Es el modelo legislativo el que está fallando desde hace décadas".

Así, Casalins aboga por fomentar la construcción de vivienda social y fórmulas para permitir el alquiler social, dar seguridad jurídica a la persona que alquila, y abordar la intervención social en situaciones de vulnerabilidad.

Los participantes mostraron posturas divergentes ante una realidad muy compleja y ante la que no cabe la inacción. Se precisa una acción coordinada y urgente entre las instituciones para paliar una situación que se agrava cada día.

“En Antigua, las VTC no tienen nada que hacer”. Son palabras del presidente de la asociación de taxistas de Antigua, Paco Vera, que este viernes intervenía en una mesa redonda sobre el sector, en el programa La Voz de Fuerteventura de Radio Insular y Mírame TV. Y es que la asociación ha pasado en poco tiempo de depender de centros de llamadas de otros municipios -para gestionar los servicios de taxi- a convertirse en un referente y, quizás, determinar la unión de los profesionales del volante en Fuerteventura.

El servicio de taxi genera numerosas críticas en la Isla, principalmente en Puerto del Rosario donde la cooperativa, que aglutina al mayor número de licencias, gestiona un call center que no está operativo en horario nocturno y tampoco durante los fines de semana. Una situación que lleva al Ayuntamiento de Puerto del Rosario a licitar el servicio de gestión de llamadas, según anunció días antes en este mismo programa el propio alcalde, David de Vera.

Una medida que no gusta demasiado a los profesionales del volante, temen que la corporación gaste ingentes cantidades de dinero en una licitación que, creen, no va a resolver el problema.

Así lo explicaban Antonio Pérez y Antonio Mengual, presidente de la Asociación de Autónomos del Taxi de Fuerteventura, y el taxista y representante de ADIVIA en la Mesa del Taxi de Puerto del Rosario, respectivamente.

No quieren dejar en manos de una empresa adjudicataria un servicio que debe ser público y que, consideran, debe ser gestionado de forma transparente, equitativa y fundamentada en el usuario como objetivo prioritario.

En esta línea, aplauden el programa desarrollado por la empresa majorera Elefantink, TAXIXI, que se ha implantado, con gran éxito, en Antigua.

Un programa concebido para dar solución a la asociación del Taxi del municipio y que ha contado con la implicación de todos los profesionales de la zona. Julio Guardiet, socio de la empresa, explicó cómo se dieron los primeros pasos encaminados en principio a mejorar programas ya existentes “y que se han quedado obsoletos”.

 Así, apostaron por la Inteligencia Artificial para poner a disposición del sector un programa que permite optimizar el uso de los taxis y mejorar la rapidez y calidad. La prioridad siempre será el cliente “y no se beneficia a unos por encima de otros”, destacaron.

En poco tiempo, en Antigua se han reducido notablemente los tiempos de espera y la optimización del servicio ha supuesto la mejora, también, de los resultados económicos.

El cambio ha sido tan positivo que el presidente del colectivo, Paco Vera, no muestra preocupación alguna por la llegada de las “temidas” VTC, licencias para Vehículos de Transporte con Conductor. Asegura, con orgullo, que “en Antigua, las VTC no tienen nada que hacer”.

En Puerto saben que si el sector no se une y se prepara, sucumbirá probablemente. Por eso, instan a la corporación “a encerrar a todas las partes, incluida la cooperativa, en un despacho del Ayuntamiento con los promotores de TAXIXI, y no dejar salir hasta que haya un acuerdo”. La única solución es unirnos, concluyen.

En común, destacaron la necesidad de reforzar la atención primaria, incrementar el número de profesionales con incentivos no sólo económicos sino también en cuanto a la mejora en la duración de los contratos y, mejorar la comunicación entre los centros con una historia clínica única.

Además, coincidieron en señalar la falta de planificación y de gestión que, a su juicio, ha caracterizado la sanidad en una Isla donde “no hay sanidad pública ni privada”, criticó Blasco, apuntando a las “puertas giratorias de 360º” en las que los propios profesionales derivan a los pacientes de un sistema a otro, desveló.

Por su parte, Flavio destacó la “atención exquisita” por parte de los profesionales y el equipo humano que lo atendió en su proceso de curación de un cáncer oncológico aunque apuntó, también a la necesidad de incrementar la plantilla y cubrir áreas, por ejemplo, como la de especialistas en patología, después de esperar mes y medio a los resultados de las pruebas realizadas en Barcelona.

Menéndez, cuidadora de un paciente, desveló haber interpuesto en pocas semanas una decena de reclamaciones por una atención deficiente y largas esperas.  

Fuerteventura “no es lugar para viejos”, recalca. Insta a reflexionar sobre el modelo de isla que quiere la ciudadanía y el impacto que ha producido el crecimiento de población desproporcionado en las últimas dos décadas y la llegada de millones de turistas cada año en algo básico y prioritario como es la salud.

En una entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, Alexis Socorro, representante del sindicato, denunció la falta de personal y la mala gestión de la gerencia actual.

En la Isla existen aproximadamente 100 plazas en el servicio “de las que una veintena están sin cubrir”, criticó. Los problemas vienen desde hace años, reconoció, “pero ahora es cuando peor Ahora mismo, para dar solución a los más de 10.000 paquetes y más de 10.000 cartas que están sin entregar, “necesitaríamos dos turnos completos durante dos semanas y no sería suficiente", lamentó Socorro.

La falta de reparto afecta gravemente a los usuarios, muchos de los cuales están esperando paquetes de forma urgente.

El representante sindical también señaló la “gestión ineficiente en aduanas” por su contribución al caos, “con más paquetes entrando que saliendo, lo que genera retrasos y devoluciones de envíos”.

Los problemas diarios afectan de forma intensa en el ánimo entre los trabajadores. “La desmotivación es absoluta. Estamos en mínimos de cobertura y máximos de problemas. Necesitamos acciones concretas y un liderazgo efectivo para salir de esta crisis”, concluyó.

Valoran si este impasse en el panorama político responde a una estrategia del equipo del jefe del Ejecutivo o, más bien, es la constatación del hartazgo de la tensión política que se vive en el país “que en los últimos años se ha enfangado”, coinciden. Con respecto a la continuidad de Sánchez, la mayoría opina que “seguirá en su puesto” aunque hay algunas dudas.

Los periodistas han abordado también el impacto de las movilizaciones en Canarias, y en Fuerteventura, el pasado 20 de Abril, así como las nulas consecuencias en la agenda política. Han compartido algunas de las razones que han llevado a la ciudadanía a tomar las calles poniendo el acento en la situación de falta de vivienda y el complicado acceso, sobre todo, por parte de los jóvenes.

La regulación de la Vivienda Vacacional es un clamor ante los datos que aporta la propia asociación de Vivienda Vacacional en Canarias, ASCAV; sostiene que genera 2.500 millones de euros anuales gracias a un total de 54.000 viviendas. Evidencia así la elevada rentabilidad que obtiene la vivienda vacacional frente a la de larga temporada. En esta línea, también abogaron por analizar muchas más variables como la falta de vivienda pública o la falta de seguridad jurídica que también impactan de forma intensa en la falta de soluciones habitacionales.

También en el marco de las movilizaciones, han hecho hincapié en la amenaza que suponen los permisos solicitados por SATOCAN para investigar en 54 kilómetros cuadrados de Fuerteventura y analizando las distintas alternativas que se están planteando para parar los procedimientos y evitar que la isla se convierte en una mina a cielo abierto. En este contexto han cuestionado: ¿Para qué sirven las figuras de protección que ya tenemos?

Puede ver toda la entrevista, pinchando aquí

La Isla está “a punto del colapso” por falta de vivienda y muchos vecinos se están convirtiendo en nómadas en su propio territorio. El precio y la disponibilidad de los inmuebles marcan el lugar de residencia y obligan, en no pocas ocasiones, a un traslado de municipio que también afecta a los niños y niñas. La situación implica cambio de colegio y también de amigos.

Una realidad que narra en primera persona la presidenta de la entidad en proceso de constitución `Por un alquiler justo en Fuerteventura´, Vanesa Iglesias, y que visibiliza el impacto que sufren numerosas sin vivienda en propiedad.

Las autocaravanas vuelven a invadir el paisaje de la isla ocupadas no por surfistas en busca de olas, sino por profesionales, con salario, que no encuentran alternativa habitacional o no están dispuestos a abonar los excesivos precios que se piden por un alquiler. El pago de 1.200 euros mensuales por una vivienda de dos habitaciones es algo ya habitual que poco margen deja para vivir.

En este contexto, exigieron medidas urgentes y la implicación de la clase política.

Los participantes criticaron con dureza la nula gestión que las corporaciones, a todos los niveles, han hecho hasta ahora en materia de vivienda y que han traído a la situación actual, recalcaron.

 Especialmente han sido críticos con los ayuntamientos “que no han hecho nada en décadas” y que no han echado mano de las herramientas de que disponen para dar solución a la ciudadanía.

Entre ellas, incluso la posibilidad de expropiar terrenos urbanos con proyecto para construir y sin ejecución.

Además, pusieron el foco en el Instituto Canario de la Vivienda que “tiene vivienda pública okupada y mira a otro lado”. En esta línea denunciaron que las corporaciones locales tampoco actúan frente a urbanizaciones de okupas como Rosa Vila, en Puerto del Rosario, o Atalayita Dorada, en Corralejo.

Complejos sin saneamiento, donde los residentes están realizando vertidos de fecales que se están filtrando en el suelo, subrayaron, “lo que implica un peligro para la salud pública” y motivaría, insistió Luis del Pozo, una actuación urgente. 

El portavoz de SOS Fuerteventura, fue también muy crítico con el nuevo decreto Ley aprobado por el Ejecutivo de Canarias esta misma semana. “Un decreto oportunista y un disparate porque no va a resolver nada”, dijo, e instó a poner el foco en las más de 200.000 viviendas vacías que existen en el archipiélago y que podrían acabar, “ya mismo” con el problema, aseveró. La construcción de vivienda, social o privada, es una solución a largo plazo.

En este punto, Alberto González abogó por implementar medidas que ayuden a dotar de seguridad jurídica a los arrendatarios y a incentivar el alquiler a largo plazo.

Además, propusieron introducir otra serie de medidas como el incremento en el IBI a la vivienda destinada a alquiler vacacional.

En este sentido se abogó por la necesidad de introducir mejoras en la nueva Ley que regulará el alquiler vacacional, destacando la necesidad de que los trabajadores del sector desarrollen su labor en el marco de los convenios de hostelería que rigen la actividad en las dos provincias, como anunció la consejera Jessica de León.

También mostraron su malestar por la falta de acción en el ámbito municipal tras los contratos firmados para crear un Instituto Municipal de la Vivienda en Puerto del Rosario y un Consorcio insular de Vivienda, a nivel insular, de los que "nada se sabe", concluyeron.

El sector primario trata de subsistir en un complicado contexto socioeconómico en el que el incremento de los precios, la excesiva burocracia que exige Europa y la escasez de agua han llevado a los agricultores, en península, a sacar este viernes los tractores a la calle.

En Canarias, las principales asociaciones agrarias anuncian que se sumarán a las movilizaciones el próximo día 24 de febrero, “porque, si hay razones en península, hay más razones en Canarias”.

Así lo consideran también representantes del campo majorero. En una tertulia en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, los presidentes de la Cooperativa Agrícola de Gran Tarajal, Olivafuer y El Majuelo, Arturo Hernández, Pepe Santana y Leonardo Ramírez, respectivamente, analizaron estas claves y, añadieron algunas amenazas más. La falta de abastecimiento de agua en una Isla en la que se ha declarado la emergencia hídrica y la falta de relevo generacional.

Dos cuestiones que hacen peligrar el campo de Fuerteventura. Por si fuera poco, también alertan sobre la próxima reanudación de la línea marítima que unirá Tarfaya con Puerto del Rosario.

Una línea que se impulsa, dijeron, para promover negocios urbanísticos y turísticos en Marruecos por parte de empresarios canarios interesados pero que puede poner en jaque la actividad del sector primario en Las Islas.  

Por un lado, ven muy difícil competir con un territorio donde la mano de obra resulta mucho más barata que en Europa. Una Unión que obliga a los profesionales del campo a cumplir con muchos requerimientos, con una excesiva y complicada burocracia que, además, encarece los costes.

La competencia es absolutamente desleal, recalcan, y “hay miedo a que entren plagas y productos que no cumplen con los estándares que exige Europa”.  

En este contexto, los representantes de las asociaciones participantes en la tertulia instan a la clase política majorera a que escuchen al sector primario y valoren las aportaciones que realizan.

Entre ellas, seguir impulsando la habilitación de infraestructuras hidráulicas, “como la que se proyectó hace años en Pozo Negro por un presupuesto de unos 10 millones de euros que fueron a parar a otra Isla por falta de ejecución”, ayuda para facilitar la elaboración de la documentación que Europa exige cumplimentar, la realización de analíticas sobre la calidad del aceite en la Granja Experimental de Pozo Negro, el impulso a proyectos experimentales en la Granja, o la reparación de la valla de la Granja, “donde las cabras están podando los olivos”.

Además, denunciaron la pérdida de 500 olivos de verdial -variedad autóctona de Fuerteventura-, por falta de riego hace varios años; o, más recientemente, en 2023, la pérdida de las parras autóctonas que se estaban reproduciendo, “porque se ordenó centrar los esfuerzos en Feaga y se dejaron de regar”.

El decano de la prensa majorera, Tero Brito, la redactora jefe de la revista Vecinos, Susana Pintos, el periodista freelance Janey Castañeira y la conductora del programa `El Palique´ en Radio Insular, Marta Patallo, han evidenciado las deficiencias existentes en el abastecimiento de agua a la población.

Muchos proyectos en marcha, inversiones millonarias previstas pero lo cierto es que sigue sin llegar el agua a muchos hogares de la Isla. En Villaverde, por ejemplo, ha sido patente la situación en los últimos días, como destacaba Pintos, también integrante de la plataforma Tienes Agua Fuerteventura?.

Los daños al territorio y el nuevo sistema de vigilancia, a través de drones, también han invitado a la reflexión sobre un posible escenario cada vez más parecido al que vislumbraba el escritor George Orwell en su obra `1984´.

Tampoco ha faltada “la mirada” de Unamuno, a punto de cumplirse -el próximo 14 de febrero- el primer centenario desde que llegó a la Isla y cómo su presencia ha supuesto un hito en la historia de Fuerteventura.

Una cometa con la imagen de La Palma coge vuelo en el XXXIV Festival Internacional de Cometas de La Oliva elevándose al cielo y aupada por las voces de los estudiantes de varios centros educativos del municipio que, por primera vez, desde hace dos años de Covid volvían a cambiar las aulas por la fina arena de la playa y los artilugios que bailan al viento.