“Canarias está marcando la agenda política a no solo a nivel regional sino estatal y nos van a seguir otras comunidades porque esto es un sinsentido que tiene que parar”.

Son las palabras de la portavoz de la Plataforma 20 A Fuerteventura, Judith Morales, para destacar el importante respaldo social que están teniendo las convocatorias programadas en las 8 Islas del archipiélago y, también, en ciudades como Madrid, Barcelona, Ámsterdam o Berlin. En Fuerteventura una docena de colectivos se suma al llamado colectivo para proclamar: “Canarias tiene un límite”.

Es el slogan de las manifestaciones que tendrán lugar este sábado para instar a un cambio en el modelo “caníbal” de desarrollo que sitúa a Canarias a la cabeza de los destinos turísticos receptores de visitantes, y, sin embargo, también a ser “líderes en pobreza y aumento de emergencias como la energética, del agua o de la vivienda”.

Son los argumentos que analiza la mesa de tertulia del programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, con la presencia de representantes de algunos de los colectivos promotores. Además de Morales, Alberto González (asociación Alquileres Justos en Fuerteventura), Pau Valverde (Asamblea Popular de Fuerteventura y promotor de la Mesa del Agua), la periodista Susana Pintos y Jon Díaz, de Intersindical Canaria.

A la necesidad de una moratoria turística, la implantación de una ecotasa y una Ley que regule la compra de vivienda para extranjeros, en Fuerteventura, se hará especial hincapié en denunciar la falta de abastecimiento de agua, las dificultades de acceso a una vivienda digna y la lucha para evitar que la Isla se convierta en una mina a cielo abierto.

Los promotores confían en el apoyo de la ciudadanía a esta iniciativa que persigue “ser un llamamiento a la conciencia de los ciudadanos y de los políticos” y “una reivindicación de los derechos de la sociedad”.

Una manifestación y una concentración

La manifestación está convocada a las 12:00h en las inmediaciones del Cabildo de Fuerteventura, en la Avenida Primero de Mayo. Desde allí partirá por la calle León y Castillo hacia la Avenida Marítima, subirá por las inmediaciones del Centro Insular de Juventud, recorrerá las calles García Escámez y Fernández Castañeyra hasta León y Castillo de nuevo para acabar en el punto inicial.

A la misma hora, en el mismo lugar, se ha programado una concentración (no manifestación), bajo el lema “Fuerteventura tiene un límite”, organizada por SOS Fuerteventura Sostenible y la Plataforma Tienes Agua Fuerteventura.

Para ASCAV, que ha denunciado a la Consejería por “ocultar datos” durante el procedimiento, el anteproyecto “no contiene nada salvable y conducirá al exterminio de esta oferta en un plazo de 10 año”. A juicio del gerente “en una década sólo quedará el 10% del alquiler vacacional”. Debería haberse llamado, subrayó, “la ley anti vivienda vacacional”.

Desde ASCAV se apuesta por “consolidar la oferta ya existente” y establecer una moratoria desde que se apruebe la Ley, previsiblemente en el último trimestre de mes. Es decir, que las viviendas vacacionales registradas como tales en la actualidad, no deban cumplir con los requisitos que recoge el anteproyecto. Entre otras medidas la calificación de eficiencia energética A o la obligatoriedad de contar con puntos de recarga para automóviles eléctricos a 500 metros a la redonda.

Dos exigencias que marca Europa, recordó el gerente de Asofuer, Mario de La Cruz, y que responden a la Declaración de Glasgow rubricada por las patronales turísticas de Canarias en el objetivo de reducir en un 50% la huella de carbono en el horizonte de 2030 y en un 100% para 2050.

Javier Martín recalcó, además, que el anteproyecto “imposibilita a las viviendas vacacionales subsanar un defecto. Es imposible corregir una deficiencia y si la detectan nos dejan diez años fuera del mercado”. Una aseveración que no tuvo respuesta por parte de la patronal por “no tener constancia de la limitación”.

Además, tampoco mostró su conformidad con la exigencia de una superficie mínima de 39 metros cuadrados para destinar al ámbito turístico una vivienda “cuando otros modelos tienen el mínimo en 44 metros cuadrados”, a pesar de que la segunda es más restrictiva.

Javier Martín también aludió a que la vivienda vacacional genera 2.500 millones de euros de ingresos en Canarias “y no 2.700 como se dijo desde la Consejería”. Así, cada vivienda tendría, por término medio, una rentabilidad que supera los 4.600 al mes.

De esta cantidad, recalcó, no todo son beneficios ya que “hay que descontar el 50% que se va a las plataformas comercializadoras y otros gastos”. Plataformas que tienen sede en paraísos fiscales, atajó por su parte el gerente de la patronal hotelera de Fuerteventura.

En esta línea, Mario De La Cruz se mostró orgulloso de que haya sido una consejera majorera, Jéssica de León, la que haya tenido el valor de ordenar la actividad de la vivienda vacacional. Una actividad turística “que debe cumplir con las mismas reglas del juego que el resto”, insistió.

A su juicio, “quizás haya faltado pedagogía por parte de la Consejería” para trasladar la esencia del documento y defendió los requisitos y limitaciones que introduce el texto pues permite equiparar las obligaciones de todos los entes que operan en el sector en las mismas condiciones, dijo.

Por su parte, Vanesa Iglesias defendió la actividad del alquiler vacacional “que genera beneficios en su entorno” aunque constató la necesidad de regularlo. Por eso, instó a las autoridades a aplicar una moratoria ante la “ausencia de planificación total”.

Anunció que la Asociación Alquileres Justos en Fuerteventura se sumará a la movilización convocada el próximo 20 de Abril en todas las Islas para fijar que Canarias tiene un límite.

Fue el único mensaje en el que coincidieron tanto ASCAV como ASOFUER.